Resumen: Este artículo provee una descripción del transfeminismo como un proyecto político de base arraigado en políticas materiales que ha llevado a cambios significativos en los asuntos de las personas transgénero en la política pública ecuatoriana durante la última década. Lxs activistas transfeministas ecuatorianxs creen firmemente que la teoría y práctica feministas son herramientas críticas en la lucha por la liberación trans, y que la opresión social de las personas trans está íntimamente conectada con las estructuras más amplias del patriarcado que los feminismos buscan contrarrestar. Su praxis ha evolucionado de caminar las calles con trabajadoras sexuales hasta redactar artículos para la constitución basados en el conocimiento aprendido durante las patrullas nocturnas en las calles, y obtener el apoyo necesario para la inclusión exitosa de estos artículos. "Encrucijadas Transfeministas” sigue la trayectoria de la campaña “Mi Género en mi Cédula” para resaltar el papel del activismo transfeminista en cambiar la opinión pública e impulsar una nueva legislación en uno de los países emblemáticos del "giro a la izquierda" o la “ola rosa” en Latinoamérica. El desarrollo de esta campaña demostró la fluidez dinámica de la formación del Estado a medida que lxs activistas transfeministas respondieron al llamado del presidente Rafael Correa para llevar a cabo una "revolución ciudadana" y las fuerzas geopolíticas que reconfiguran las relaciones entre el conservadurismo social, el populismo de izquierda, el neoliberalismo adaptativo y los nuevos regímenes de seguridad estatal.
Palabras clave: transfeminismo, feminismo, transgénero, Ecuador, queer, cuir, derechos
La expresión de la identidad transgénero y el transfeminismo como postura política cada vez son más visibles en los debates académicos sobre género y sexualidad. El transfeminismo se ha desarrollado en una “zona de contacto” entre feminismo como lente analítico para un conjunto amplio de fenómenos culturales y una serie de intervenciones que tienen como objetivo centrar los asuntos de las comunidades trans que antes se habían encontrado al margen de la teoría, los debates y el activismo feministas (Pratt 2007: 4). Lxs transfeministas en Ecuador han trabajado para transformar las condiciones materiales de las personas trans en la calle, afirmar su derecho a existir en espacios públicos aun cuando se expresan fuera de las normas convencionales de género y sexualidad, y para fortalecer la autogestión de las personas trans ecuatorianxs de clase trabajadora. Este artículo sigue la trayectoria de la campaña “Mi Género en mi Cédula” para resaltar el papel del activismo transfeminista en cambiar la opinión pública e implementar una nueva legislación en uno de los países emblemáticos de "giro a la izquierda" o la “ola rosa” en Latinoamérica. Este texto está enraizado en la necesidad de no sólo analizar nuevas formaciones de Estado en relación "con o contra el capitalismo colonial y neocolonial" sino también, de manera crucial, "leerlas dentro de un desarrollismo racializado y de género" que produce ciudadanxs-sujetxs específicos como agentes de cambio social y construcción de la nación (Saldaña-Portillo 2003: 7).
Transfeminismo de base
El transfeminismo en Ecuador existió mucho antes de la elección del presidente Rafael Correa en el año 2006 y el establecimiento de una nueva constitución en el 2008. El transfeminismo es una práctica y una ideología que ha evolucionado de simplemente caminar las calles con trabajadoras sexuales hasta redactar artículos para la constitución basados en el conocimiento aprendido durante estas patrullas nocturnas, y obtener el apoyo necesario para la inclusión exitosa de estos artículos. A continuación, ofrezco una breve descripción del surgimiento de la Patrulla Legal como el punto de partida de una política explícitamente transfeminista en Ecuador.
Fundada por Elizabeth Vásquez en 2002, la Patrulla Legal es una organización de base que apoya el empoderamiento social, civil y económico de las trabajadoras sexuales trans en Quito. Su objetivo es reducir el abuso policial utilizando diversas estrategias que incluyen las intervenciones directas durante los altercados con la policía, denuncias públicas de abuso policiaco, capacitaciones de sensibilidad policial y la inclusión de pautas para el tratamiento adecuado de las personas trans en el manual de derechos humanos de la policía. Lxs miembrxs de la Patrulla caminan por las calles en áreas frecuentadas por trabajadoras sexuales trans para educarles y dialogar con ellas sobre sus derechos.(1) La Patrulla Legal opera desde un punto de vista transfeminista: creen que la teoría y la práctica feminista son herramientas críticas en la lucha por la liberación trans y que la opresión social de las personas trans está íntimamente relacionada con las estructuras más amplias del patriarcado que los feminismos buscan contrarrestar. Elizabeth Vasquez destaca lo que llama las "simetrías subyacentes" entre las trabajadoras sexuales trans y las personas con las que comparten la calle: otras trabajadoras sexuales, clientxs, miembrxs de los Latin Kings, góticxs y punk rockers, así como vendedorxs ambulantes y vecinxs (Almeida y Vásquez 2010: 19). Este enfoque apunta a cultivar “coaliciones interseccionales construidas a través de analogías de opresión” (Castellanos 2014: 203).
Vásquez fundó la Patrulla Legal cuando era estudiante de derecho y tomaba cursos nocturnos. Dos veces por semana, caminaba a su casa tarde de noche a través de la zona de la avenida Mariscal. Su ruta la llevó a transitar cerca de un grupo de trabajadoras sexuales trans al otro lado de la calle. Poco después decidió acercarse a ellas. En una declaración que se sirve como una especie de historia de origen para el transfeminismo en Ecuador, Vásquez recuerda su primer encuentro con una líder de la comunidad de trabajadoras sexuales trans, Yelina Lafayette:
Crucé y había una chica que me estaba dando la espalda, le toqué el hombro y ella se dio la vuelta. Me sorprendió, y ella se sobresaltó, y dije "hola" y ella dijo "hola" y comenzamos a hablar. Y esta era Yelina, y esa noche hablé con ella hasta las tres de la mañana. Ella me presentó a su colectivo: las Chicas Lafayette, que llevan el nombre del albergue donde vivían. También me presentó a todos los otros grupos de chicas trans de la Mariscal, pero las chicas Lafayette eran sin duda las más glamorosas. Fueron las primeras en usar teléfonos celulares para el trabajo sexual, por lo que, en ese sentido, este grupo estaba liderando. Y Yelina y Valeria estaban en la cima de la jerarquía. Cuidaron de compañeras de trabajo más jóvenes. Ya tenían veintidós y veintitrés, lo que en el mundo del trabajo sexual significaba que tenían bastante experiencia. Tenían compañeras de trabajo que tenían dieciséis y diecisiete años. Tuvieron la confianza de mostrarme todo sobre su experiencia como chicas trans.(2)
El transfeminismo en Ecuador comenzó en la calle, en la noche, en un diálogo de base y sensibilización entre trabajadoras sexuales trans y una feminista, cuando una joven estudiante de derecho decidió cruzar al camino paralelo e interactuar con trabajadoras sexuales trans, y cuando las trabajadoras sexuales trans politizadas y con la astucia que se desarrolla trabajando en las calles decidieron confiar y educar a una abogada joven que acudió a ellas, para compartir sus experiencias de violencia a manos de la policía, sus clientes y la sociedad en general.
Trágicamente, Yelina Lafayette fue asesinada en 2004 en lo que fue aparentemente un crimen de odio. Esta pérdida marcó profundamente a Elizabeth Vásquez, pero en última instancia fortaleció su resolución de trabajar en torno al empoderamiento trans. Después de la muerte de Yelina, Vásquez capacitó a un grupo nuevo de activistas paralegales en las técnicas y métodos desarrollados por la Patrulla Legal durante el año anterior. Entre estxs nuevxs reclutas estaba Geovanni Jaramillo, el primer activista abiertamente transmasculino y el primer abogado trans en recibir su licencia en Ecuador.
Como es el caso en otros países latinoamericanos, las mujeres trans en Ecuador tienden a ser más visibles que los hombres trans dentro de la comunidad LGBT y en los círculos activistas. Históricamente, los esfuerzos de organización en torno a temas trans han centrado más atención y recursos en las mujeres trans que en otras personas género-variantes. La participación de Jaramillo en el grupo fue parte de un esfuerzo concertado para aumentar la visibilidad de las personas transmasculinas, y fue una señal de la expansión del transfeminismo como herramienta conceptual para el análisis y el empoderamiento transmasculino.
En muchos sentidos, el transfeminismo da nombre a prácticas y análisis con los que Jaramillo ya se había comprometido durante muchos años. Había participado en conferencias, reuniones, foros de salud y campañas sociales feministas. Fue miembro fundador de una de las primeras organizaciones de lesbianas y gays que luchó por la despenalización de la homosexualidad en 1997. Durante nuestra entrevista, Jaramillo recordó con mucho cariño sus años trabajando con grupos feministas; sonrió mientras me decía que era el único chico en varias reuniones y conferencias feministas e insistió con orgullo que su compromiso con el feminismo va más allá de su propia experiencia como hombre trans. La historia de Jaramillo demuestra que el transfeminismo no es un flujo unidireccional de solidaridad de feministas cis hacia las personas trans; más bien, lxs activistas trans han estado a la vanguardia de las luchas feministas y LGBT durante muchas décadas, y la categoría de “transfeminismo” señala la articulación de estas prácticas a una política cohesivo (com. pers., 15 de marzo de 2014).
El efecto combinado del trabajo de la Patrulla Legal, el litigio contra el registro civil y la participación activa en la Asamblea Constitucional de 2007 resultó en una notable expansión de derechos, activismo y visibilidad para las personas trans. Por ejemplo, una vez que el género fue incluido como una de las categorías protegidas dentro de las cláusulas de antidiscriminación en la constitución, y una vez que el registro civil reconoció el derecho de las personas trans a cambiar legalmente sus nombres de acuerdo con su identidad de género, hubo un auge en el número de personas trans que obtuvieron identificaciones estatales formales, lo que a su vez tuvo muchas repercusiones importantes, como permitir que lxs estudiantes trans fueran admitidxs en las universidades. Así fue como la “primera generación” de estudiantes trans ingresó al sistema universitario en el 2009. Tales avances no fueron el resultado natural de la elección de un gobierno de izquierda, o de las políticas de Rafael Correa como presidente, sino más bien del trabajo persistente de lxs activistas de construir coaliciones con otros grupos urbanos, de educar a lxs funcionarixs electxs y policías que patrullan las calles, de simultáneamente subvertir y trabajar dentro de los marcos legales convencionales, y de actuar de manera rápida y estratégica en momentos de oportunidad política.
Correa en Contexto
El presidente Rafael Correa asumió el cargo en 2007 luego de una década de movilizaciones antineoliberales por parte de grupos sociales de personas indígenas, negras, ambientalistas, feministas y LGBT. El Estado ecuatoriano se restableció a través de un proceso de asamblea constitucional que resultó en uno de los marcos legales más progresistas de América Latina. Correa incumplió los acuerdos de deuda con el Banco Mundial, creó programas de apoyo social, invirtió en los sistemas de atención médica y educación, aumentó la eficiencia gubernamental y construyó carreteras y otras infraestructuras públicas. Estos proyectos se financiaron principalmente a través de los ingresos de préstamos para el desarrollo de China y la alta producción de petróleo. Sin embargo, la administración de Correa no pudo diversificar la economía ecuatoriana y cuando los precios del petróleo cayeron en enero de 2015, el país fue severamente afectado, lo que se tradujo en una disminución de los salarios y un aumento en impuestos para la mayoría de la población.
Correa fue un político de “mano dura”, era competente en el uso de los medios de comunicación y las redes sociales. Gozó de considerable popularidad a lo largo del primer término de su presidencia. Presentaba un programa presidencial semanal, al estilo de Hugo Chávez, que utilizaba como plataforma para promover su administración y combatir a sus críticxs. En muchos sentidos, su estilo de gobernar es emblemático de una confluencia entre el populismo de izquierda, el neoliberalismo adaptativo y el conservadurismo social que Paul Amar identifica con el surgimiento de nuevos regímenes de seguridad en el Sur global (Amar 2013).(3) A lo largo de los años, enajenó a muchos de los movimientos sociales que inicialmente lo llevaron al poder, en particular, los grupos indígenas y ambientalistas a los que abiertamente ridiculizó como “izquierdistas infantiles” y “terroristas económicos”, así como los grupos feministas que denunciaron la fuerte criminalización del aborto bajo su administración. Para el fin de su término como presidente sus críticxs tanto de izquierda como de derecha se oponían cada vez más a sus prácticas de gobierno autoritarias. En el período previo a la visita de 2015 del Papa Francisco, los grupos conservadores llevaron a cabo algunas de las manifestaciones antigubernamentales más grandes de ese periodo, lo que obligó a Correa a dar marcha atrás en una propuesta de aumento del impuesto a la herencia de bienes raíces y restaurar el apoyo de sus aliadxs restantes. En este clima político tenso, Correa revisó su posición sobre una propuesta legal que permitiría a las personas cambiar su designación de género en sus identificaciones oficiales y documentos estatales.
El anuncio de Correa de apoyo a la campaña Mi Género en mi Cédula demuestra que, incluso dentro de un entorno político cristiano y socialmente conservador, existen importantes oportunidades para el empoderamiento de las personas trans y la adquisición de derechos. Su apoyo representó un cambio significativo de su posición anterior, que había sido fuertemente criticada por activistas feministas y LGBT por ser machista y transfóbica. Examino aquí las declaraciones iniciales de Correa contra la campaña Mi Género en mi Cédula para trazar el arco de activismo que lo llevó a su apoyo condicional para la reforma propuesta.
Mi género en mi cédula
Los documentos de identidad faltantes o incompletos limitan la capacidad de una persona para firmar contratos formales, asistir a escuelas, cobrar cheques o viajar. La falta de documentación adecuada exacerba la pobreza y el desempleo, levanta sospechas de fraude, crea un pretexto para el arresto y niega derechos básicos como el voto. Dean Spade identifica estas prácticas sistemáticas y estructurales como “violencia administrativa” (2011). La fusión de estas exclusiones hace que la transfobia en efecto se constituya como una práctica estatal y que produce una “mayor vulnerabilidad a la muerte prematura” para lxs afectadxs (Gilmore 2007: 28). Los esfuerzos de reforma legal transfeminista como la campaña Mi Género en mi Cédula intervienen contra normas administrativas supuestamente neutrales que marginan y hacen daño a las personas trans.
La campaña Mi género en mi Cédula comenzó el 6 de junio de 2012, cuando los grupos de activistas Transgender Project, CONFETRANS, Building Equity y Silueta X propusieron que se enmendara el registro civil para permitir a las personas cambiar su designación de género en sus documentos oficiales del Estado. Su propuesta pide estratégicamente que se haga una distinción entre el género como identidad pública y el sexo como rasgo biológico privado, sugiriendo que la identidad de género de una persona, no su sexo, debe ser lo que quede registrado en los documentos públicos y tarjetas de identificación. Una campaña sostenida aumentó la conciencia pública, generó apoyo entre grupos feministas y activistas LGBT, educó a lxs miembros de la asamblea sobre temas trans y brindó educación política a las personas trans sobre la necesidad de este tipo de reforma.
La propuesta Mi género en mi Cédula recibió una audiencia con la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización de la Asamblea Nacional el 23 de julio de 2012, en la que varixs activistas trans testificaron sobre el impacto negativo de no tener un documento de identificación que refleje adecuadamente su identidad de género, mientras que otrxs protestaron simultáneamente fuera del edificio. La comisión aprobó la propuesta después de su primera audiencia. El siguiente paso en el proceso de ratificación sería realizar un debate en el pleno de la asamblea y, de aprobarse nuevamente, la propuesta se convertiría en ley. En un esfuerzo por evitar que se diera ese debate sobre la propuesta Mi género en mi Cédula, el presidente Correa prometió vetarla si fuera aprobada en la segunda audiencia. Esta medida descarriló efectivamente el debate dentro de la Asamblea Nacional durante tres años.
La promesa de Correa de vetar Mi género en mi cédula es uno de los muchos casos recientes en los que políticxs ostensiblemente izquierdistas y moralmente conservadorxs se han concentrado en cuestiones de género y sexualidad, principalmente oponiendose al matrimonio homosexual y al aborto como sus principales preocupaciones. Correa, de hecho, justificó su oposición a Mi género en mi Cédula al caracterizarlo como una estrategia para obtener el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, una narrativa que se basa en un "arquetipo criminal queer" que reproduce la imagen de las personas trans como intrínsecamente engañosas y criminales no confiables, con la intención de cometer fraude o robo de identidad (Mogul, Ritchie y Whitlock 2012: 24).
El 28 de diciembre de 2013, Correa dedicó un segmento de su programa de televisión semanal a discutir la identidad de género y el estado de la política feminista en Ecuador. Comenzó exponiendo algunos de los logros feministas de su administración, como el alto número de mujeres que ocupaban cargos en el gobierno y nombramientos políticos, y declaró que Ecuador está a la vanguardia de las luchas de las mujeres en América del Sur y a nivel mundial. Sin embargo, advirtió a su audiencia contra celebrar estos logros demasiado pronto, dado que aún quedaba un largo camino por recorrer en relación con los problemas actuales como la violencia doméstica, la discriminación salarial y la distribución desigual del trabajo doméstico. Hizo hincapié en los límites de la reforma legislativa frente a la aceptación cultural del machismo y argumentó que para ir más allá de la igualdad formal sería necesario transformar la cultura en general. Correa luego pasó de celebrar los avances feministas a advertir contra los excesos feministas:
Todos luchamos por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero eso es diferente de los movimientos feministas fundamentalistas que buscan que hombres y mujeres sean iguales, y les insisto, esa ideología es muy peligrosa. Están enseñando sobre identidad de género a nuestros jóvenes en las escuelas, básicamente diciendo que no hay hombre o mujer natural, que no es el sexo lo que determina si somos hombre o mujer sino las condiciones sociales, que el hombre y la mujer son un construcción social, y para liberarnos de esos condicionamientos una mujer puede elegir ser hombre y un hombre puede elegir ser mujer. (Correa 2013)
Correa establece una dicotomía entre un feminismo con base en el sentido común que todxs pueden apoyar, que trabaja por la igualdad de derechos, y lo que él llama un feminismo “fundamentalista” que apunta a transformar radicalmente las relaciones de género. Al hacerlo, se basa en un concepto de "ideología de género" común a los críticos Cristianos conservadores del activismo LGBT, así como a las feministas antitransgénero. Anticipándose a las críticas de quienes lo ven como un político socialmente conservador más que como un auténtico izquierdista, Correa trató de explicar, mientras tropezaba con sus palabras y se expresaba con aparente dificultad:
La ideología se construye sobre todo sobre condiciones materiales, modos de producción, etcétera. También se construye a veces sobre cuestiones morales, pero estas cuestiones lo son. . . me tienen. . . implican mucha discusión. Entonces me van a llamar conservador porque creo en la familia. No creo en esta ideología de género, en estas novedades, que destruyen la familia convencional, que es, y felizmente seguirá siendo, la base de nuestra sociedad. (Correa 2013)
Correa continua un legado de izquierda que prioriza cuestiones de producción material y economía política por encima de las luchas por la representación y la identidad. Lisa Duggan describe esta distinción conceptual entre economía política de izquierda y política de identidad como una “artimaña del discurso liberal capitalista” que invisibiliza las formas en que la clase se vive por medio de sus interacciones con las categorías de raza, etnia, edad, género, sexualidad y religión. Ella señala que desde la década de 1970, las feministas socialistas han analizado las formas en que “la regulación sexual es un componente central en los modos de distribución económica históricamente cambiantes”, y advierte que esta artimaña “produce una jerarquía implícita donde no existe una explícita, por despojar a la crítica 'cultural' o las políticas de identidad de su capacidad para influenciar y transformar la economía” (Duggan 2003: 81-83). Las pausas verbales de Correa ponen en evidencia lo difícil que es realmente separar el género y la sexualidad de la materialidad y los medios de producción, incluso cuando trata de posicionarse como un presidente de izquierda con la capacidad de tomar decisiones de forma racional y con la tarea de filtrar las novelerías de las cuestiones reales de la economía política.(4)
A pesar de estos contratiempos, lxs activistas trans colocaron continuamente la campaña Mi género en mi Cédula al frente de sus esfuerzos políticos. A principios de 2014, una coalición de activistas trans formó Trans Pact, un comité directivo nacional que diseñó estrategias en torno a los objetivos de la política nacional en una serie de reuniones a puertas cerradas. Elizabeth Vásquez, autora de la propuesta Mi género en mi Cédula y organizadora principal de Pacto Trans, señaló en aquel entonces cuando todavía no se había legalizado el matrimonio igualitario, que la reforma propuesta daría paso al matrimonio entre personas del mismo sexo porque la propuesta retiene el sexo como una categoría administrativa del Estado (registrado solo en el certificado de nacimiento).(5) El estado ecuatoriano podría continuar prohibiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo y al mismo tiempo permitir un cambio de género en las identificaciones emitidas por el Estado al exigir a los solicitantes de matrimonio que presenten sus certificados de nacimiento. Pedir una distinción legal entre sexo y género, en lugar de la eliminación del sexo como categoría administrativa, se consideró cuidadosamente en relación a cómo podría afectar otras intervenciones legales feministas y LGBT que dependen del sexo. Como señala Vásquez:
Si se eliminara la distinción civil entre hombres y mujeres, surgirían muchas preguntas legales: qué pasaría, por ejemplo, con la clasificación de los delitos “sexuados” de la actualidad; como el feminicidio, en el extremo protector, o el aborto, en el extremo represivo? ¿Cómo se interpretaría la paridad política entre hombres y mujeres en la legislación electoral? ¿Cómo funcionaría la segregación por sexo de las personas privadas de libertad en el sistema penitenciario? ¿Cómo se aplicarían las reglas sobre violencia sexual y de género? (Vásquez 2015: 207)
Más allá de este esfuerzo por no interrumpir otras reformas legales feministas de justicia social que ya están vigentes o en curso, y no ser obstaculizada por el desafío jurídico de erradicar el sexo por completo de los registros estatales, Vásquez sostuvo que el uso simultáneo de género y sexo como categorías administrativas obligaría al Estado a tener en cuenta la complejidad y variabilidad de la combinación de género, sexo y sexualidad de las personas, afirmando que este enfoque tiene un "efecto pedagógico" en el sistema legal al demostrar que "en ciertas ocasiones el sexo es importante, muchas otras el género es lo que es importante y, a veces, ambos son importantes como una fusión encarnada en cada persona" (Vásquez 2015: 211).
Si bien las posiciones políticas conservadoras sobre el matrimonio y el aborto estaban firmemente fijadas, también lxs activistas econtraron oportunidades a través de las cuales pudieron exigir sus derechos en un momento cuando no se había transmitido una línea partidaria rígida a lxs líderes religiosxs y conservadorxs con respecto a otras cuestiones sociales específicas. Los esfuerzos para reducir la discriminación laboral para las personas trans, o para aumentar el acceso a la atención médica y la educación superior, son temas contra los que la iglesia católica y otrxs líderes conservadorxs no han tomado una posición firme, y estos pueden ser defendidos usando un llamado a la igualdad. Queda por ver si el principio de igualdad proporcionará “un contenedor suficientemente abierto para las expresiones sexuales y afectivas no normativas, excesivas y múltiples” (Gómez-Barris y Fiol-Matta 2014: 497), sin embargo, el transfeminismo representa una posibilidad emergente para maniobrar dentro de las limitaciones de un discurso de derechos liberales para interrumpir el manejo del género, el sexo y la sexualidad por parte del Estado.
Absorbiendo al transfeminismo
Empezando en agosto de 2014, Correa realizó una serie de reuniones sin precedentes con activistas LGBT para establecer objetivos de reforma de políticas, organizadas por la directora ejecutiva de Silueta X, Diane Rodríguez. La cuarta reunión tuvo lugar días antes de las celebraciones del orgullo LGBT a nivel nacional y la llegada del Papa Francisco a Ecuador en 2015, en medio de un frenesí político de protestas nocturnas de derecha contra el gobierno a lo largo de una de las principales avenidas de la ciudad. En este contexto, Correa se pronunció a favor de la propuesta Mi género en mi Cédula en su programa de televisión semanal, el sábado 27 de junio de 2015. Explicó que aún está desaprendiendo la homofobia y describió los tipos de humillación, confusión y exclusión que produce la violencia administrativa. Pidió a su audiencia que reflexionara sobre lo difícil que debe ser “a nivel humano” experimentar este tipo de discriminación y construyó una narrativa en la que personas trans resistieron con valentía la victimización y, ante la adversidad, expresaron buena voluntad hacia el gobierno participando en una serie de reuniones de políticas de alto nivel. Esto lo contrastaba con lxs defensorxs del matrimonio entre personas del mismo sexo “imaduros” e “ingratos” que estaban desgastando su administración y facilitando el regreso de gobiernos de derecha (Correa 2015). A pesar del intento retórico de Correa de posicionar a los derechos trans en competencia con el matrimonio entre personas del mismo sexo, incluso a pesar del hecho de que la aliada trans más cercana de Correa, Diane Rodríguez, distanció públicamente a su organización de la defensa del matrimonio entre personas del mismo sexo, la campaña Mi género en mi Cédula tuvo un amplio apoyo dentro de las comunidades LGBT y feministas.
Por un lado, estos últimos hechos demostraron la lealtad que Correa exige a quienes favorece, exigiéndoles que respalden su postura sobre temas controvertidos como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y la extracción de petróleo como precio de su apoyo. Por otro lado, demostraron la fluidez dinámica de la formación del Estado, ya que lxs activistas transfeministas responden al llamado de Correa a una "revolución ciudadana" y prueban de manera oportunista diferentes estrategias para lograr que el Estado haga lo necesario en condiciones políticas emergentes. Están haciendo el trabajo estatal de crear y expandir las nociones de ciudadanía y agencia. La campaña Mi género en mi Cédula, ubicada en la intersección de una historia en curso de activismo transfeminista y la reinvención del Estado ecuatoriano, ejemplifica el momento actual en el que las fuerzas geopolíticas están reconfigurando las relaciones entre el conservadurismo social, el populismo de izquierda, el neoliberalismo adaptativo y los regímenes de seguridad del Estado, un momento en el que el futuro sigue en juego.
Anexo: Género para todxs
Después de que este artículo fuera aceptado para su publicación a mediados de 2015, Ecuador experimentó un hito notable en la historia administrativa de la gestión de identidades. En octubre de 2015, el partido gobernante Alianza País circuló un borrador de propuesta para reformar los lineamientos y regulaciones que rigen el registro civil, un proyecto de ley conocido como Ley Orgánica de Identidad Nacional y Manejo de Datos Civiles. La ley propuesta contenía 103 artículos que cubrían una amplia gama de temas, incluyendo la registración del tipo de sangre y otra información médica en las identificaciones emitidas por el Estado, disposiciones sobre identificaciones para niñxs, ancianxs, extranjerxs, migrantes y refugiadxs, pautas sobre los nombres permitidos para el registro y la eliminación del estado civil o de unión civil de las identificaciones emitidas por el Estado, por nombrar solo algunas de las áreas de cambio a la propuesta original. Dada la amplitud y profundidad de las reformas, prácticamente todos los sectores de la población se verían afectados por las nuevas directrices y regulaciones.
Lxs activistas trans se sintieron decepcionadxs al descubrir que, si bien la Ley Orgánica de Identidad Nacional y Gestión de Datos Civiles incluía algunos de los principios de su propuesta Mi género en mi Cédula, socavaba significativamente su razón fundamental porque el sexo, como categoría biológica, seguiría siendo la categoría administrativa predeterminada en las identificaciones emitidas por el Estado. El artículo 94 del nuevo proyecto de ley establecería el derecho a solicitar una identificación alternativa sin una designación de sexo, que en su lugar enumeraría el género del titular de la tarjeta como masculino o femenino. No habría ningún requisito de divulgar información personal o médica al personal del registro civil para solicitar la identificación alternativa o cambiar la designación oficial de género.(6) El proyecto de ley también agregaría la estipulación de que las personas que oficialmente cambien su nombre a uno con una designación de género diferente al sexo/género asignado al nacer se les requeriría una identificación alternativa para cambiar su designación oficial de género. El nombre y el género solo se podrían cambiar una vez, de forma irreversible. El proyecto de ley contenía varias otras disposiciones conservadoras, como el artículo 44, que estipula que solo las parejas heterosexuales casadas serían elegibles para adoptar niños y niega el derecho de adopción por personas solteras de cualquier identidad de género u orientación sexual. El proyecto de ley también prohibiría el reconocimiento o el registro de lxs niñxs por padres del mismo sexo, independientemente del estado civil de la pareja o si lx niñx fue concebidx mediante reproducción asistida. Los artículos 44 y 94 representan esfuerzos políticos conservadores para estabilizar las categorías de sexo/género que sustentan la heterosexualidad frente a la fluidez transgénero y para rechazar el avance de los derechos de las familias LGBT.
Cuando el primer borrador del proyecto de ley de reforma comenzó a circular entre activistas LGBT y feministas, muchxs criticaron el sexismo y la homofobia evidentes en la propuesta, así como la creación de un sistema de identificación separado para las personas trans. Señalaron el artículo 67 de la Constitución, que establece el derecho y el reconocimiento de las diversas estructuras familiares, y el artículo 68, que confiere a lxs hijxs de uniones civiles los mismos derechos que a lxs nacidxs dentro de matrimonios heterosexuales. Activistas de Pacto Trans realizaron varias ruedas de prensa y manifestaciones a lo largo de los meses de octubre y noviembre de 2015 para denunciar los cambios realizados a las propuestas originales de Mi género en mi Cédula y renovar sus llamados a que sea el género, en lugar del sexo, la categoría administrativa estándar para todo el mundo. Establecieron una nueva campaña en las redes sociales, Género para todos: todos tenemos género, que una vez más argumentó que el sexo es un rasgo biológico privado, mientras que el género es una identidad pública que todas las personas experimentan y que no es exclusiva de las personas trans. En un esfuerzo por restablecer el lenguaje de la propuesta original Mi género en mi cédula, lxs miembrxs de Pacto Trans se reunieron con miembros de la asamblea que apoyaron la propuesta en su forma original para solicitar que se pronunciaran en contra de la creación de identificaciones separadas para las personas trans. Lxs activistas de la campaña articularon enérgicamente una descripción más matizada del género como la identidad individual construida socialmente, culturalmente inteligible y reconocible de una persona. También circularon memes en las redes sociales haciendo referencia a la campaña anterior, con identificaciones nacionales con fotos de genitales masculinos y femeninos en lugar de rostros, para enfatizar cómo el sistema de identificación actual viola la privacidad.
La campaña Género para Todxs se mantuvo alejada de las discusiones sobre fluidez de género y, en cambio, enfatizó fuertemente el derecho de las personas trans a mantener su privacidad con respecto a su sexo biológico como un medio para prevenir la discriminación. Este marco narrativo reflejó los esfuerzos pragmáticos de lxs transfeministas para navegar dentro de lo que Christine (Cricket) Keating (2013: 246) ha llamado "homoproteccionismo estatal", un terreno político conservador caracterizado por una compleja "interacción entre la homofobia estatal y las políticas orientadas a la protección de minorías sexuales." A pesar de su uso estratégico del discurso de los derechos, la reiterada insistencia de lxs transfeministas en una clara distinción entre el sexo como un rasgo biológico privado y el género como una identidad pública construida socialmente, y su insistencia en entender el género como una experiencia universal, tuvo una gran influencia en la psique nacional y el vocabulario político de una manera profunda, estableciendo los términos para lo que ahora se considerarán posiciones LGBT progresistas en Ecuador.
El 10 de diciembre de 2015, luego de dos meses de una animada discusión pública, la asamblea nacional se reunió para debatir y votar con respecto a la Ley Orgánica de Identidad Nacional y Manejo de Datos Civiles. Un grupo de treinta activistas trans estuvieron presentes en el entrepiso de la asamblea, la gran mayoría de ellxs miembros de Pacto Trans, cuyo ánimo no era festivo. En el transcurso de las semanas anteriores, había surgido un conflicto significativo entre lxs activistas que querían rechazar la nueva propuesta y lxs que argumentaban que sería más estratégico aceptarla sin dejar de trabajar por el uso del género como categoría administrativa estándar para todxs. Este conflicto creó profundas divisiones entre lxs activistas que hasta ese momento habían trabajando juntxs hacia la aprobación de la propuesta original de Mi género en mi Cédula. El día del debate, dos representantes diferentes de la comunidad trans hablaron en la asamblea, Nua Fuentes en nombre de los miembros de Pacto Trans y Diane Rodríguez, reconocida por el presidente Correa como aliada transgénero de su partido, en su nueva capacidad como la presidenta designada de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT, que fue una coalición formada por la asamblea nacional en septiembre de 2015 luego de una serie de reuniones entre Correa y un selecto grupo de activistas LGBT invitadxs.
Fuentes criticó los cambios a la legislación original presentados por Pacto Trans y una vez más defendió el género como una experiencia “universal”. Admitió que la opción de cambiar la designación de género en las identificaciones oficiales sería de alguna manera un avance para los derechos de las personas trans, pero dijo que de otras maneras sería perjudicial. Ella argumentó que en lugar de conferir plena igualdad, inclusión y privacidad a las personas trans, el proyecto de ley propuesto crearía una "igualdad abstracta que no necesariamente tiene un impacto en la vida real". Se supondría que una persona con una identificación alternativa es trans y podría ser discriminada por ese motivo. En sus comentarios finales, declaró:
Es por eso que hoy les pedimos que aprueben legislación sobre género no de manera opcional sino de manera universal, para que los derechos de nuestro grupo no queden en recitaciones abstractas sino que se concreten, para que pueda entrar en sociedad y ejercer mi derecho a la privacidad. Sin miedo a la violencia, sin miedo a que mi identidad sea violada. Mis derechos no son opcionales, son constitucionales, son universales, como el género es universal. El género es para todxs, y por eso hoy te pedimos que apruebes el género para todos. Es nuestro derecho, no un privilegio. Género para todos, muchas gracias. (Fuentes 2015)
Diane Rodríguez (2015) siguió este discurso con un discurso que sembró mas división dentro de la comunidad LGBT y demostró su lealtad al partido Alianza País de Correa, en un momento de represión política renovada y creciente contra lxs manifestantes antigubernamentales, diciendo:
Los derechos de las poblaciones trans, es decir, las poblaciones travestis, transgénero, transexuales e intersex, han sido utilizados y frecuentemente burlados por personas cisheteronormativas e incluso por algunos malos elementos de gays y lesbianas en nuestra comunidad, quienes lamentablemente basan su activismo sobre su odio a un proyecto político que ha traído cambios [positivos] y bienestar.
El señalamiento de Rodríguez de los "malos elementos gays y lesbianas" no se refiere a los grupos activistas de lesbianas o gays que se opusieron a la campaña Mi género en mi Cédula, sino a lxs críticos de la "revolución ciudadana" encabezada por el presidente Rafael Correa y la Alianza País, específicamente aquellxs defensorxs del matrimonio y la adopción de familias homoparentales a quienes el presidente había considerado peligrosamente "tercos" e "ingratos" cuando anunció su apoyo a la campaña Mi género en mi Cédula en el verano de 2015. A lo largo de su discurso, Rodríguez creó una narrativa del excepcionalismo ecuatoriano, que caracteriza a Ecuador como el primer país del mundo en reconocer la identidad de género en su constitución en el año 2008 y como una nación de vanguardia en derechos LGBT. Además, argumentó que la Ley Orgánica propuesta sería la legislación más avanzada del mundo con respecto al reconocimiento de la identidad trans, porque a diferencia de Argentina, Colombia, Italia y Dinamarca, estas nuevas identificaciones incluirían género en lugar de sexo y no crearían una tercera categoría de género que ella caracterizó como "incorrecta", como las formas de identificación estatal recientemente disponibles en Nepal, India y Australia. Aunque prometió continuar trabajando hacia el “género universal”, que en este punto se había convertido en una abreviación de la propuesta de reforma original Mi género en mi Cédula, Rodríguez explicó cómo la creación de una nueva identificación alternativa en realidad no sería discriminatoria, porque estaría disponible para todas las personas.
A pesar de las numerosas críticas dirigidas contra la legislación propuesta por activistas LGBT y algunxs miembroxs de la asamblea de Alianza País por cómo socavó la intención de la propuesta Mi género en mi Cédula, pocxs miembrxs del partido gobernante se sintieron obligadxs a responder a estas críticas. Al hablar en contra de la alteración del texto original de la propuesta, lxs asambleístas María Soledad Vega, Noralma Zambrano, María Alexandra Ocles y Diego Veintimilla del partido Alianza País utilizaron el lenguaje de lxs activistas del Pacto Trans sobre la universalidad de género y las vulnerabilidades que enfrentan las personas trans si se implementara un sistema de identificación por separado. Algunxs miembroxs de la asamblea simplemente afirmaron que el proyecto de ley representaba un avance en los derechos de las personas LGBT. Muchxs miembrxs de la asamblea no mencionaron el tema de género en lo absoluto, centrándose en cambio en las preguntas planteadas por la extensa pieza de la legislación propuesta sobre el tratamiento del estatus migratorio y el historial médico en referencia a las identificaciones y documentos oficiales del Estado. Nadie explicó por qué se hicieron los cambios en la clasificación de sexo / género, y nadie defendió la retención del sexo como categoría administrativa. En efecto, la única persona que defendió los cambios en la propuesta frente a las críticas de lxs activistas trans fue Diane Rodríguez.
La asamblea nacional aprobó la Ley Orgánica de Identidad Nacional y Manejo de Datos Civiles el 10 de diciembre de 2015. La activista transfeminista Elizabeth Vásquez caracterizó la aprobación como una “victoria agridulce”, dado que el proyecto de ley contenía muchos avances en derechos civiles pero no incluía identificaciones estatales totalmente inclusivas para personas trans. Esta lucha requerirá más ciclos de activismo y compromiso político. Muchxs anticipan que habrá problemas asociados con las identificaciones alternativas, como dificultades logísticas con las líneas de votación segregadas por sexo, o instancias de discriminación contra las personas trans por parte de posibles empleadores o propietarios porque sus identificaciones alternativas les identifican como trans. El activismo trans continuará trabajando hacia el uso del género como una categoría administrativa estándar para todas las identificaciones emitidas por el Estado y usará cualquier problema que surja de la legislación actual para construir el caso para la inclusión e igualdad total de las personas trans dentro del registro civil y la sociedad en general.
CLAUDIA SOFÍA GARRIGA-LÓPEZ is an assistant professor of queer and trans Latinx studies in the Department of Multicultural and Gender Studies of California State University, Chico, with a PhD in American studies from the Department of Social and Cultural Analysis of New York University. She is currently revising a book manuscript based on her dissertation, Gender for All, and serves on the editorial board for Transgender Studies Quarterly (Duke University Press) and Women's Studies Quarterly (CUNY University Press). Garriga-López conducted long-term participatory research with trans, feminist, and queer activists and artist groups in Quito, Ecuador, and has considerable work experience in community health and advocacy organizations in New York City. Her scholarship and visual art have been featured in a number of publications, including the Global Encyclopedia of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) History (Charles Scribner’s Sons, 2019) and Latinas: Struggles and Protest in Twenty-First-Century USA, as well as the Social Science Research Council’s Items blog. Garriga-López is the author of “Transfeminist Crossroads: Reimagining the Ecuadorian State” published in TSQ: Transgender Studies Quarterly (2016), and is also one of the coeditors for the “Trans Studies en las Américas” issue of TSQ (2019). Her scholarly work is grounded in a critical engagement with activism, public policy, and public health, as well as trans, feminist, and queer performance art and cultural production in Latin America, the Caribbean, and within people of color communities in the United States.
Agradecimientos
Quisiera agradecer a lxs editorxs de este número especial, Susan Stryker y Talia Bettcher, así como a dos revisorxs anónimxs por sus comentarios críticos y reflexivos, y al editor gerente Abraham Weil por su orientación. Muchas gracias a Elizabeth Vásquez y Ana Almeida, quienes generosamente impartieron sus experiencias políticas y me dieron la bienvenida al activismo transfeminista. Geovanni Jaramillo también compartió información histórica valiosa y sirve como modelo para una práctica transfeminista expansiva. Jennifer Flores Sternad, Marcela Di Blasi y Brian Ray leyeron los primeros borradores de este trabajo. Flor Bermudes, Yadira Pérez-Hazel y Paula Saunders me han mostrado una inmensa amabilidad y apoyo durante el último año, por lo que estoy eternamente agradecida. Edgar Rivera-Colorado guió mi enfoque metodológico y brindó un asesoramiento invaluable, así como revisiones minuciosas de los primeros borradores de este texto. Macarena Gómez-Barris y Santiago Castellanos brindaron asesoramiento y diálogo durante el período de investigación y escritura, mientras que Salvador Vidal-Ortíz me invitó a soñar en grande con el futuro del transfeminismo. Maritza Stanchich y A. J. Bauer leyeron amablemente este artículo en sus iteraciones finales y me ayudaron a elaborar el título y los subtítulos. Por último, me gustaría agradecer a María Josefina Saldaña Portillo por su mentoría y su inquebrantable apoyo. Este artículo está dedicado a mi hermana Adriana María Garriga-López, a lxs activistas transfeministas en Ecuador y a todas las personas que trabajan para combatir la violencia policial en las Américas. Secciones de este artículo se presentaron en la Conferencia de la Asociación de Estudios Latinoamericanos en 2015.
Notas
1. La Patrulla Legal ha tenido doce encarnaciones diferentes desde su formación inicial en 2002. No es una organización no-gubernamental reconocida, ni está activa durante todo el año, sino que opera de manera intermitente como un grupo activista encabezado por Elizabeth Vásquez.
2. Este pasaje fue transcrito de una película documental de producción propia sobre la Patrulla Legal (Palacios 2011).
3. La política de seguridad depende en gran medida de una moral conservadora cristiana y produce discursos que promueven simultáneamente una lucha nacionalista y decolonial y buscan la plena incorporación a los mercados mundiales.
4. Este término se traduce en "novedades", pero también hace referencia a la cultura de las telenovelas como una especie de política feminista melodramática.
5. La propuesta establece que a la edad de dieciséis años todos los titulares de tarjetas tendrán derecho a cambiar su designación de género y que hasta que un individuo decida cambiar su designación de género, el sistema usará las designaciones de sexo como una especie de guía predeterminada para establecer designaciones de género en registros estatales posteriores, documentos e identificaciones.
6. El 13 de enero de 2016, el presidente Correa implementó un veto parcial sobre la Ley Orgánica de Identidad y Gestión de Datos Civiles que modificó 61 de los 103 artículos en un proyecto de reforma aprobado el 10 de diciembre de 2015. Entre los cambios en los artículos Correa agregó que para solicitar una nueva identificación que se refiera al género en lugar del sexo, una persona debe contar con el apoyo de dos testigos.
Referencias
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