Resumen En este artículo analizamos la manera en que las mujeres trans y travestis vivieron el terrorismo de estado en Chile durante la dictadura militar (1973-1989), un tipo de violencia que ha sido muy poco trabajado dentro de los estudios sobre Historia Reciente y memoria en Chile. En particular, planteamos que la utilización del concepto de “derechos humanos”, como también su aplicación a través de las comisiones de verdad y las políticas públicas, han excluido las mujeres trans y travestis. Con este texto esperamos introducir el concepto de terrorismo de estado anti-trans, como también estimular más investigación histórica sobre el terrorismo de estado y las mujeres trans y travestis en Chile, esto debido a los pocos estudios historiográficos sobre este tema.
Palabras claves mujeres trans y travesti, terrorismo de estado anti-trans, derechos humanos, historia reciente, Chile
Introducción. Terrorismo de Estado, Derechos Humanos y Estudios Trans/travesti
¿Por qué las mujeres trans y travestis han sido excluidas en los discursos sobre terrorismo de Estado, derechos humanos y memoria en Chile? [1] Creemos que hay múltiples factores que nos podrían ayudar a entender mejor esta obliteración histórica. En primera instancia, mientras ha habido un interés creciente e importante sobre mujeres, violencia política sexual y memoria en Latinoamérica (Arfuch 2013; Hiner 2009; Jelin 2001), es poco común que éstos referencian a mujeres trans o temas relacionados con lo LGBTQI. Desde la historiografía, quien más ha trabajado estos tópicos ha sido James Green (1999, 2012), estudiando a militantes queer en grupos armados de izquierda en Brasil, violencia política contra ellxs, homosexualidad masculina y formas de resistir esas violencias. Por otro lado y desde el activismo, también ha habido múltiples activistas trans y travestis que han denunciado la violencia de la dictadura cívico-militar en Chile como Claudia Rodríguez y la organización OTD (Organizando Trans Diversidades), aunque estos esfuerzos no han sido reconocidos oficialmente por el Estado chileno. Por tanto, aunque los trabajos previos son tremendamente importantes, nuestra investigación es novedosa en el sentido de analizar, desde la Historia, otro tipo de terrorismo de estado: aquello ocupado contra mujeres trans y travestis durante la dictadura militar en Chile (1973-1990).
Es importante recordar que la comunidad trans y travesti en Chile ha vivido múltiples violencias históricamente, desde las violencias estructurales y simbólicas de la asignación de género y los esfuerzos para modificar ese género, hasta la violencia económica, física, psicológica y sexual que la gente trans vive de manera cotidiana por parte de personas conocidas y desconocidas. Esto es lo que quería decir Lohana Berkins (2003: 151), cuando señaló, “para las travestis, el Estado de Sitio es a diario. La rutinaria persecución policial, las acostumbradas restricciones a circular libremente por las calles portando una identidad subversiva, los permanentes obstáculos para acceder a derechos consagrados para todos/as los/as ciudadanos/as del país, entre otros, hacen de la vida travesti una vida en estado de sitio.”2 Por lo tanto, el terrorismo de estado fue vivido como una violencia más para muchas de las mujeres trans y travestis entrevistadas. Siguiendo el trabajo de Judith Butler sobre los asesinatos de personas trans como Brandon Teena y Gwen Araujo (2006), también proponemos que las mujeres trans y travestis que vivieron el terrorismo de Estado en Chile son merecedoras de duelo y de reconocimiento público y que también forman parte de lo humano en los derechos humanos. Desde nuestra perspectiva, la historiografía tiene un rol importante en el reconocimiento del terrorismo de Estado ejercido contra mujeres trans y travestis en Chile, particularmente en las formas y continuidades que tienen estas violencias hasta la actualidad, al igual que en las resistencias que surgieron desde las propias mujeres trans/travestis y sus organizaciones.
En este artículo nos referiremos principalmente a la violencia contra las mujeres trans y travestis durante la dictadura chilena, la cual hacemos referencia a un concepto que denominamos como terrorismo de estado anti-trans [2] Lo ocuparemos para hacer referencia a actos de represión autoritaria y tortura, llamados en Latinoamérica como terrorismo de estado, para enfatizar el rol oficial y estatizado de estas violencias (ver, entre muchos otros, Dinges 2004 y Feierstein 2009), cometidos contra personas trans y travestis – en su gran mayoría, mujeres– durante la dictadura. Denominar este tipo de violencia como anti-trans, permite identificar y registrar los crímenes dictatoriales realizados contra personas trans, reconociendo la violencia diferenciada y específica que se ejercen contra estos grupos, muchas veces con resultado de muerte, lo cual también se denomina como trans-femicidio o travesticidio en casos no dictatoriales (Radi y Sardpa-Chandiramani 2016).
Algunos estudios sobre terrorismo de estado anti-trans han explorado los crímenes de odio contra personas trans y travesti en Brasil. Por ejemplo, éstas eran detenidas y forzadas a limpiar las comisarías, los vehículos de los policías, o incluso lavar cadáveres de la morgue, imponiéndoles tareas consideradas “femeninas” que, al mismo tiempo, eran humillantes y aterradoras (Mott 1996: 35). Otros estudios sobre el caso argentino sostienen que la represión estatal contra personas LGBT fue producto de la homofobia de los mismos policías y guardias de las cárceles, ya que no existía un proyecto planificado contra la disidencia sexual. De hecho, la violencia política en estos casos no tenía como objetivo la persecución de parejas o amigos gays, lesbianas o trans, por lo que la violencia por razones políticas fue distinta a la violencia anti-trans en el contexto de la dictadura en Argentina (Insausti 2015: 73). También existen estudios que, desde la teoría queer, exploran la clandestinidad homo y transexual que se produjo en las dictaduras latinoamericanas, como una forma de mantener experiencias homoeróticas y evitar el control sobre la moral pública que se ejercía desde la policía (Figari 2009: 167). No obstante, y más en la línea de este estudio, también existen investigaciones sobre los asesinatos de mujeres trans y travestis cometidos por escuadrones de la muerte que buscaban eliminar a grupos homosexuales, lésbicos, y trans/travestis durante las dictaduras, como el Escuadrón Hortela en Brasil (Mott 1996) o el Comando Cóndor y el Comando Moralidad en Argentina (Figari 2010).
En el caso de Chile, existen estudios sobre la violencia dictatorial contra mujeres trans y travestis en los trabajos de Víctor Hugo Robles (2008), Óscar Contardo (2012) y, recientemente, el trabajo de Juan Carlos Garrido (2016), usando la historia oral para analizar la violencia efectuada por medio del Artículo 373 del Código Penal, que vela por infracciones “que de cualquier modo ofendiere el pudor o las buenas costumbres con hechos de grave escándalo o trascendencia”. Aunque este artículo del Código Penal ha sido ocupado tanto en contextos dictatoriales como democráticos para perseguir a mujeres que trabajaron en el comercio sexual callejero, la falta de fiscalización y control por parte de un Estado de derecho durante la dictadura tuvo como consecuencia la aplicación de la ley de manera mucha más arbitraria y violenta contra mujeres trans y travestis. En estos casos, fueron múltiples las acciones represivas transfóbicas que se produjeron: violencia callejera, violencia sexual, homicidios, criminalización y hostigamiento constante, tanto desde policías como de civiles. La falta de un reconocimiento oficial respecto al terrorismo de Estado anti-trans durante la dictadura, particularmente hacia las mujeres trans y travestis, no permite crear políticas reparativas para este grupo de mujeres, lo que perjudica aún más avanzar en derechos LGBTQI cuando hay poco interés por explorar estas violencias del pasado. Este artículo expone una nueva perspectiva para los estudios de la historia reciente en Chile: la violencia anti-trans cometida durante la dictadura militar, descritos a través de los testimonios de las mujeres trans y travestis que vivieron este contexto.
Debates sobre Historia Reciente y estudios LGBTQI en Chile
Los textos sobre Historia Reciente y Memoria en Chile tienen varias características propias de un corpus bibliográfico. En primer lugar, es un área principalmente dominado por historiadorxs y académicxs de las ciencias sociales que enfocan sus análisis en una periodización entre 1964 (elección de Eduardo Frei Montalva) o 1970 (elección de Salvador Allende) hasta 1990, cuando asume Patricio Aylwin la presidencia y se termina, formalmente, la dictadura de Augusto Pinochet. En general, se ve la temporalidad como una de “ruptura”, cuando la dictadura irrumpe y erradica un proceso popular democrático para luego retomar, a partir del año 1990, la “tradición democrática” anterior. Sobre este proceso histórico, existen varios trabajos que han cuestionado el “retorno” a la democracia, particularmente por las continuidades neoliberales entre la dictadura y los gobiernos de la Concertación en la década del 1990s, sin embargo, esta bibliografía no ha entrado a cuestionar la exclusión de ciertos sujetos históricos, como el caso de personas trans y travestis, indígenas, afrodescendientes, pobladoras, entre otrxs, sujetxs que han quedado fuera de los constructos de la democracia y la ciudadanía antes y después de la dictadura. En segundo lugar, los estudios sobre Historia Reciente y Memoria, particularmente aquellos producidos dentro de Chile, tienden a ser androcéntricos y heterosexistas. Una explicación es que este tipo de estudio está influenciado por los estudios de Memoria, basados en las experiencias del Holocausto y las dictaduras cívico-militares del Cono Sur, estudios que ya tienen 30 años, o más, de existencia y, por eso, no referencian los nuevos giros de género y sexualidades que vinieron después. En este corpus bibliográfico se entiende la violencia como “violencia política” del autoritarismo, enfocándose en las desapariciones forzadas y la tortura, haciendo poca referencia a la violencia con componentes generizados y sexualizados. Y en tercer y último lugar, los textos que usan la teoría de género y rompen con el androcentrismo, generalmente hacen referencia a mujeres cis heterosexuales, limitándose la investigación y teorización al paradigma de la Historia de la Mujer o las grandes mujeres, las cuales son corrientes propias de la segunda ola del feminismo. Sin duda, aunque estos estudios son también necesarios, excluyen de sus análisis las experiencias de mujeres trans y travestis afectadas por el terrorismo de Estado anti-trans, ya que éstas no son “militantes” de partidos políticos - y, por ende, no vivieron la “violencia política” - ni tampoco pasaron por los lugares geográficos y secuencias típicas de las violaciones de derechos humanos - por ejemplo, el secuestro, la tortura en un centro clandestino de detención y la desaparición forzada.
¿Cómo pensar una historiografía “trans” en Chile desde el terrorismo de estado? ¿Cuáles podrían ser las posibles líneas de investigación? Existen diversas posibilidades para pensar y escribir una “historia trans” sobre el terrorismo de Estado durante la dictadura. Nuestra actual investigación exploró las experiencias históricas de mujeres trans y travestis en diferentes regiones de Chile, por medio del uso de la historia oral y la etnografía. ¿Cómo dichas historias pueden contribuir y/o relacionarse con la Historia Reciente y Memoria? Nuestrxs entrevistadxs tienen edades bastante heterogéneas: la de más edad nació en 1956 y la menor en 1994. Las entrevistas se realizaron en diferentes regiones del país, pero con mayor concentración en el norte (regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta) y Santiago. Nuestrxs entrevistadxs, en su mayoría, fueron activistas en sus respectivas comunidades, tanto en grupos LGBTQI, partidos políticos y/o estudiantiles; muchxs de ellxs participaron en grupos dedicadas a temáticas trans y travestis, como Nefertiti en Iquique, Arcoiris en Antofagasta y, en el caso de Santiago, agrupaciones como OTD (Organizando
Trans Diversidades), Transítar, Traves Chile y el Sindicato de Trabajadoras Sexuales Travestis-Amanda Jofré.
Una de las subjetividades interesantes de las entrevistas, es que sus identificaciones de género fueron diferentes entre sí y fueron poco comunes las repeticiones de categorías: mujer transgénero, trava o travesti, mujer trans, trans femenina, transexual femenina, transgénero (sin definir mujer o hombre trans), género fluido, entre otras. Al momento de definir género también se definía la sexualidad, en donde se mencionaba su preferencia en salir con hombres cis o mujeres cis (a veces presentándose así según categorías más tradicionales como gay o hetero), o si no tuviera ninguna preferencia o una preferencia por ambos (aquí más referencia a ser bi o pansexual, este última más común entre la gente más joven).
Al mismo tiempo, durante las entrevistas, constantemente se señalaban las demandas actuales de las agrupaciones trans en Chile, como la ley de identidad de género (que todavía está siendo tramitada en el Congreso al momento de esta publicación), mejoramiento de la ley de anti-discriminación (la denominada, “Ley Zamudio”, por caso de crimen de odio contra Daniel Zamudio un joven hombre gay, asesinado en Santiago en el año 2012) y, en general, la ausencia del Estado en la vida de personas trans y travestis. Los testimonios que presentamos a continuación son extractos de relatos mucho más amplios y violentos. Por lo mismo, se utiliza los puntos suspensivos “(…)” en algunos casos para evitar la exposición de detalles explícitos sobre la tortura contra los cuerpos trans. Esto responde a un debate ético más amplio dentro de los estudios trans, que intenta evitar la sobrerepresentación de los cuerpos trans torturados y respetar la dignidad de nuestrxs entrevistadxs. [3]
Historia Oral y Terrorismo de Estado Anti-Trans
La ley N° 373 del Código Penal que condenaba las faltas al pudor, moral y buenas costumbres, fueron normas influenciadas por las ideas eclesiásticas del siglo XIX, cuya finalidad fue condenar aquellas prácticas que fomentaban la “decadencia moral” de la sociedad occidental (Hopman 2000). La poca claridad y subjetividad de esta ley, permitió su aplicación según la libre interpretación de las autoridades policiales, lo que justificó y respaldó diversas redadas policiales en bares y discoteques gay, en zonas del comercio sexual, además de permitir el constante hostigamiento hacia los grupos trans y travestis. Si bien, anteriormente, existieron escenarios de violencia anti-trans en Chile (como por ejemplo durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y el gobierno de la Unidad Popular),la dictadura militar intensificó la represión contra mujeres trans y travestis, por medio del uso de la ley N° 373 y el abuso de poder que existía desde Carabineros hacia diversos sectores de la sociedad chilena. [4] Paralelo a esto, la situación de las mujeres trans y travestis durante los años 1970s y 1980s fue compleja: muchas de nuestras entrevistadas comentaron los conflictos familiares que tuvieron por hacer pública su homosexualidad y su decisión de transitar de género. Por lo mismo, la pobreza, el abandono y la discriminación, fueron algunos de los obstáculos que se presentaron durante este contexto.
Dentro de nuestras entrevistas con mujeres trans y travestis, existen denuncias constantes sobre las discriminaciones y violencias que sufrieron por parte de las fuerzas de orden de la dictadura, de hecho, varias recuerdan la ley de la “moral y las buenas costumbres” como la justificación legal para reprimirlas. En algunos casos, esto era sólo por ser mujer trans: una mujer trans anónima -la cual llamaremos Anita- nacida en 1956 y peluquera de Calama, fue perseguida por Carabineros sólo por transitar en la vía pública:
Yo nací en Antofagasta, en Valparaíso estuve como seis meses, me pilló el golpe y en ese tiempo no se podía entrar y salir nadie, después volví a Antofa, cuando se abrieron el terminal, la estación, el aeropuerto....En ese tiempo era todo restringido, había toque de queda, la sociedad estaba en otra, estaba la gente estresada, no se sabía que es lo que pasaba y pucha esa etapa fue muy complicada, no teníamos la libertad que tenemos ahora.
¿En algún momento te detuvieron a ti por esto de las buenas costumbres? Sí, montones de veces, siempre por esa famosa ley de la moral y las buenas costumbres, por esa ley nos asaba....como yo parecía letrero luminoso y al tiro me tomaban en cuenta, cuando ellos querían justificar su trabajo y pescaban lo que estaba más a mano y nos llevaban y nos tenían ahí....
¿Te maltrataban en la comisaría? Sí, el trato, irrisorio, burlas, apocamiento, psicológico. (Anita 2015)
Este tipo de experiencias se caracterizan por los altos niveles de violencia e incomprensión respecto a lo sucedido. El uso del artículo 373 bastaba para detener, reprimir y amedrentar a las mujeres trans y travestis, sin tener fundamentos más profundos que la ofensa a la moral y malas costumbres. Patricia, nacida en 1959, oriunda de Santiago y ex activista de OTD, nos relató un episodio parecido al de Anita:
Yo creo que lo más duro que viví fue cuando me llevaron detenida por, en ese tiempo, ofensa al pudor....era andar seduciendo hombres en la calle. Yo tenía 17 años y me llevan detenida y me pasan por ofensas al pudor, yo voy a dar a la cárcel....es que yo, te juro por dios, hasta el día de hoy todavía no encuentro una respuesta del por qué fui yo a dar allá, siendo que a los diesyseite años, todavía siendo un ser, se supone que era menor de edad, que tenía que haber ido a un hogar de menores y no a la cárcel....Me metieron a un calabozo (...) y ahí sucedió todo, golpes, abuso sexual, y después me dejaron sola, desnuda. (Cinfrentes 2014)
Al igual que Anita, Patricia no ejercía el comercio sexual ni se vinculaba mucho con otras mujeres trans o travestis. El hecho de caminar en las calles durante la noche, fue suficiente para asociarla a la prostitución y por “andar seduciendo hombres.” En un contexto donde se vulneraron completamente los derechos humanos en Chile, las mujeres trans y travestis fueron más desprotegidas frente a la violencia policial, ya que ni siquiera existían grupos ni espacios para denunciar estos atropellos. En el caso de mujeres travestis que sí ejercieron la prostitución en esa época, la represión fue mucho más dura. Tal como recordó Yokonda Montero, histórica e importante lideresa de la agrupación Nefertiti en Iquique, primera organización de travestis en Chile:
Buuuu, tanta violencia, nos llevaban presas, salía una micro, salía como que éramos terroristas. Aparecía un bus y estábamos las mujeres, los hombres, y decían “chicaaaas” y arrancábamos pa adentro y pateaban la puerta. Nos sacaban del techo para abajo, con metralletas y todo, en dictadura. Y yo decía, “¡Pero si no somos terroristas, somos trabajadoras sexuales!” Y anda a los calabozos, y llegábamos a la comisaría....estábamos a las comisarías a las 6 de la mañana, soltaban a las mujeres y nosotros íbamos a la cárcel y allá nos cortaban el pelo y llegábamos de mujer y “ya, tenís que cambiarte de ropa maricón tal por cual que tiene que pasar al juzgado”. Habían unas compañeras que estaban haciendo tiempo, y nos tiraban los cinco días....ponían ofensas al pudor, porque era en la vía pública y nos cortaban el pelo y teníamos que salir a comprar pelucas, nos quemaban las pelucas, nos maltrataban. (Montero 2015)
Las mismas situaciones se replicaban en otros lados como Rancagua. Victoria, peluquera nacida en 1967, pasó por el comercio sexual durante los años 1980s, debido a la imposibilidad de trabajar como mujer trans. Para la “Vicky”, la dictadura significó uno de los momentos más duros de su vida debido a todos los atropellos que experimentó con las autoridades policiales:
Sí po, de todas maneras. Bueno yo viví la época de la dictadura, que era “heavy”, ahí todavía estaba patente la falta a la moral y las buenas costumbres. Te pillaban vestida de mujer en la calle y te sacaban la chucha, te llevaban a un retén policial, te hacían la mierda, le tenías que hacer sexo oral a todos los pacos, se burlaban, y tenías 5 días presa, sin multa, por falta a la moral y a las buenas costumbres, al pudor y las buenas costumbres. (Yáñez 2014)
Como parte de la “autoridad moral” que representaban las fuerzas de orden en esa época, todo este tipo de crímenes se permitían, sin existir un conocimiento público respecto al maltrato contra mujeres trans y travestis. El fanzine escrito por la activista trans santiaguina Claudia Rodríguez, Cuerpos para odiar, también refleja la situación de las travestis durante la dictadura militar: Claudia denomina sus escritos como “poesía travesti”, es decir, poesía que relata la violencia, sobrevivencia y exclusión que experimentan las mujeres travestis en Chile. En dichos pasajes, relata episodios en donde: “terminamos acurrucadas traicioneramente como basura en una callejuela cualquiera, acobardadas entre las hormigas por los estruendos de las balas”, haciendo referencia a las redadas que se realizaron en prostíbulos, cuyo resultado era el arresto, golpizas y desaparición de mujeres travestis (Rodríguez 2014: 68).
Para las mujeres trans y travestis, en general, una forma de evitar dichos episodios de violencia fue viviendo en la clandestinidad, muchas veces en las calles, tras los niveles de inseguridad que existían para ellas. En este contexto, nuestras entrevistadas podrían considerarse como sobrevivientes de la dictadura militar en Chile, ya que fueron diversxs gays, lesbianas y personas trans torturadxs y asesinadxs en prostíbulos y barriadas, episodios de los cuales no existen registros oficiales actualmente (Robles 2008: 17-18). La transición democrática de los años 1990s no fue un cambio significativo para la situación de las mujeres trans y travestis, por el contrario, muchas de ellas experimentaron las mismas violencias luego de la dictadura militar, pero esta vez desde civiles (Garrido 2016: 21). De hecho, los años ‘90 se caracterizaron por ser un contexto de prohibitivas condiciones sociales y legislativas para apoyar a personas cuya orientación sexual y/o identidad de género no respondían a la heterogeneidad y la normativa de género (Miles 2015: 446). Con la fundación de la organización trans OTD el año 2005, se creó un espacio para que Lorena, Victoria y Patricia comenzaran a hablar y compartir estas experiencias sobre la dictadura, creándose las primeras memorias colectivas sobre el terrorismo de estado anti-trans en Chile, lo cual fue importante para realizar un primer diagnóstico sobre la violencia histórica y actual contra las personas trans. Kary Chamorro---treinta y dos años, de Talca, miembro del grupo Transgéneras por el Cambio), aunque demasiado joven para vivir este tipo de represión directamente, también nos habló de lo que ella misma había aprendido de otras compañeras trans:
Yo recopilé de mis compañeras que ya lamentablemente no están....les cortaban las uñas con alicate, las rapaban, las tiraban. Había una comisaría acá, el Abate Molina de Talca. Las tomaban a todas detenidas en la noche, hacían operativos en hartos furgones, las llevaban a todas detenidas, las chiquillas arrancando por los techos de las casas....Como te digo, se perdieron muchas cosas de nosotras cuando hubo el terremoto y cuando falleció....Maribel, que en ese tiempo ella tenía una casa de ambiente que se llamaba La Jaula de las Locas.[5] ¿Me entiendes? Y ella tenía treinta, cuarenta trans adentro, pero las chiquillas adentro de la casa. Los Carabineros no les permitían que salieran a la calle ni a pararse a la esquina y aparte que ella también tenía que pagar peaje porque todos los días Carabineros pasaba a buscar tres, cuatro pollos asados y botellas de pisco. (Chamorro 2014)
Tal como señala Kary, las sobrevivientes del terrorismo de estado anti-trans han ido falleciendo con el tiempo, tanto por las diversas secuelas físicas y psicológicas la dictadura, como por la pobreza, las adicciones a las drogas y el alcohol, y la epidemia de VIH/SIDA, que arrasó con una generación de hombres gay y mujeres trans/travestis en Chile a fines de los años 1980s y principios de los 1990s. Por ejemplo, en el caso de Patricia, la detención y golpiza recibida por Carabineros en los 1980s le provocó la pérdida de tres molares y problemas actuales para masticar, además de malestares psicológicos y, principalmente, una constante incomprensión sobre los niveles de agresión y violencia en estos contextos: “yo quería desaparecer” señaló Patricia. Otro caso es Lorena, quien nos relató que una de las grandes consecuencias que le dejó la violencia durante la dictadura militar fue los problemas con el alcohol y las drogas, las cuales le produjo problemas con su salud hasta la actualidad:
Mira, a la OTD yo llegué porque yo llegué a COSAM, porque COSAM era donde iban los drogadictos y los alcohólicos, resulta que yo estuve muy mal de salud, porque a mí me dio una sobredosis de pasta base, aparte que con el alcohol me estaba ahogando y me fui al hospital, y dije yo, yo ya tenía mi departamento, y yo estaba de pura por fumar pasta en el local, terminé durmiendo en un cuartucho, hasta hospitalizada, y resulta que nadie me fue a ver, a dejarme una taza, una toalla, un confort. (López 2014)
En el relato de Patricia, al igual que los demás testimonios, también persiste la sensación de soledad y de “siempre estaré sola”, debido al rechazo familiar -durante y después de la dictadura-, exclusión social, educacional, laboral, además de las múltiples violencias sufridas en los años 1970s y 1980s. Por otro lado, la ausencia de una política reparatoria para personas trans empeora la situación de estas mujeres, ya que, en general, tienen problemas económicos y, además, tienen que costear atención de salud, psicólogos, problemas dentales e, incluso, enfermedades crónicas. Por otro lado, la ausencia de un registro y/o reconocimiento oficial respecto a las personas LGBTQI asesinadas, desaparecidas o violentadas durante la dictadura militar, impide tener claridad sobre la real magnitud de los estos crímenes de odio en los años 1970s y 1980s, particularmente contra las mujeres trans y travestis. El mismo texto de Rodríguez (2014: 78) hace referencia a historias en el ambiente, respecto a crímenes y asesinatos masivos contra mujeres trans: “Se cuenta en el ambiente que algunos de los cuerpos encontrados acribillados en fosas comunes del norte de nuestro país, en el desierto, eran cuerpos masculinos vestidos con ropas de mujer, de show, víctimas del periodo militar, con rastros de fusilamiento y me pregunto, ¿de cómo vivieron y cómo murieron?” A pesar de un inexistente reconocimiento oficial y estatal sobre el terrorismo de estado contra personas LGBTQI en Chile, un pequeño grupo de personas trans intentaron plantear estas temáticas hacia finales de la década del 2000: en el año 2009, la presidenta Michelle Bachelet creó la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión, Política y Tortura, o también denominada como la segunda Comisión Valech o “Valech II.” El objetivo de esta iniciativa fue subsanar las falencias que tuvieron los informes Rettig (Comisión Nacional de Verdad yReconciliación 1991) y Valech (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura 2004), reconociendo nuevas víctimas de la dictadura cívico-militar chilena. Algunas activistas vieron este espacio como una oportunidad para el reconocimiento legal de la violencia homo, lesbo y transfóbica durante este período. Patricia y Victoria, quienes se conocieron por OTD, intentaron acercarse a la comisión para presentar sus testimonios. Victoria señaló: “Yo con otra compañera, cuando se abrió la comisión Valech también hicimos un informe, y también participamos para ver acaso....Yo también fui discriminada, y me pegaron, sexualmente fui violentada, no solamente por política, sino que por orientación sexual e identidad de género” (Yáñez 2014). Para Victoria, el objetivo fue reconocer una deuda histórica para sus compañeras y las muertes de mujeres trans y travestis ocurridas entre 1973 y 1990 por parte de las fuerzas de orden. El trabajo de denunciar y acercarse a la nueva comisión Valech, fue organizado por Victoria, Patricia y otras ex activistas de OTD de la misma generación. Con el apoyo de un abogado, iniciaron los trámites para incorporar estos testimonios en el nuevo informe de la Comisión Valech, sin embargo, el proceso judicial no funcionó debido a la falta de testigos en los crímenes denunciados, por lo que, según la Comisión Valech, estas denuncias no cumplían con los requisitos para ser considerados. Patricia señaló: “Nosotras no tenemos testigos, ¿qué testigos vas a presentar? Porque pudieron haber pasado violaciones, derrames, todo lo que tú quieras, tú lo pasaste, yo sé dónde me lo hicieron, ¿pero testigos? ¿dónde están?” Victoria y Patricia coinciden en que el fracaso de la denuncia no sólo se debió al desinterés de la comisión por incorporar víctimas LGBTQI en el informe, sino que también la falta de herramientas y apoyo judicial para OTD al realizar este proceso.[6]
Los casos de Patricia y Victoria formaron parte del 70% de los casos no reconocidos en el “Valech II” por no cumplir con los requisitos legales -no probar motivación política, falta de pruebas o no cumplir plazos (La Tercera 2011) Tanto el “Valech II” como las comisiones anteriores, reflejaron un discurso oficial sobre los derechos humanos de carácter patriarcal y heteronormativo: el hecho de que las mismas mujeres cisgéneras estuvieron excluidas de estos relatos (Hiner 2009), demuestra las dificultades de estos informes por incorporar temáticas sobre género y sexualidad. Recién en la década del 2000, diversos grupos LGBTQI comenzaron a apropiarse del discurso de los derechos humanos para luchar por una ley de anti-discriminación, matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, ampliando el concepto de derechos humanos a la inclusión de nuevas subjetividades LGBTQI (Hiner y Garrido 2017). Particularmente, el año 2012 fue clave para reconocer a las personas LGBTQI como “sujetos de derecho”, tanto por el crimen de odio contra Daniel Zamudio, como por la decisión de la CIDH en el “caso Atala” – instruyendo al Estado chileno que tenía que hacerle una reparación formal a Karen Atala por haber permitido que los tribunales le quitaran sus hijas por lesbiana -, primer caso de discriminación por orientación sexual enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se inserta dentro del debate latinoamericano sobre diversidad sexual y los modelos tradicionales de familia (Beltrán y Puga 2011: 260-261). Sin embargo, hasta la actualidad, siguen pendientes los intentos por reconocer la violencia homo, lesbo y transfóbica durante la dictadura militar, como una forma de ampliar el concepto de “violencia” en el contexto de la Historia Reciente de Chile. Como dijo la activista Nicole Olmos, de la Agrupación Arcoiris en Antofagasta: “En estos años que están las esposas de los detenidos desaparecidos, las madres, que ahora con los cambios de gobierno democráticos que tienen acceso de salud gratuito, de psicólogo que les pagan una indemnización, bien por la gente que sufrió, pero ¿quién ha sacado la voz por las compañeras asesinadas por ser homosexuales?” (Olmos 2015).
Reflexiones Finales
Para terminar este artículo, nos interesa plantear algunas reflexiones sobre derechos humanos, historia reciente e historia trans en Chile. La historiografía chilena sobre la dictadura tiene diversas temáticas que todavía no explora, dentro de esas, las mujeres trans y travestis que sufrieron violencia durante la dictadura, no por razones “políticas” (partidarias), sino por la transfobia interna de las fuerzas de orden, respaldas por la ley N° 373 y la misma institucionalidad. Si bien la violencia de género y la violencia sexual se han ido visibilizando en los últimos años, todavía se sabe poco y nada sobre la situación de los grupos LGBTQI durante la dictadura en Chile. Por lo mismo, sigue siendo relevante las acciones colectivas y redes creadas entre las mismas organizaciones: grupos como Traves Chile (Santiago), el sindicato Amanda Jofré (Santiago), Arcoiris (Antofagasta), Nefertiti (Iquique) y OTD (Santiago, Rancagua y Concepción), han sido claves para denunciar la transfobia y el terrorismo de estado anti-trans, como también crear un espacio de protección para conversar y reconocerse mutuamente entre personas trans y travestis.
No obstante, todavía sigue pendiente seguir explorando, desde la Historia, la violencia ocupada contra personas LGBTQI, particularmente el terrorismo de estado anti-trans. Paralelo a esto, también existe una deuda de potenciar a más historiadorxs que se identifiquen como trans, travesti, queer, entre otros, para que tengan la posibilidad de completar programas de estudio en Historia -tanto a nivel de pregrado como posgrado- e investigar temáticas sobre la Historia trans, como una forma de potenciar esta línea de investigación en la academia. Actualmente, existen pocos casos de personas trans estudiando o que hayan terminado programas en Historia y, además, una cantidad mucho menor de académicxs trans que trabajen en departamentos de Historia en alguna universidad chilena. Sostenemos que esto tiene que cambiar a la brevedad, con la finalidad de comenzar a trabajar y pensar en un área de estudios sobre Historia trans, queer, gay y/o lésbica en el país.
En este trabajo hemos explorado las memorias e historias orales de mujeres trans y travestis sobrevivientes del terrorismo de estado anti-trans en los años ‘70 y ‘80. Estas memorias se caracterizan por los recuerdos crudos y violentos sobre la dictadura militar chilena, la mayoría coincide en que la transición democrática no significó cambios ni derechos para ellas, al contrario, la ley N° 373 seguía vigente. Esto mismo explica por qué, dentro del discurso de los derechos humanos que surge desde los años 1990s, tal como dijimos al principio, la idea de violencia se centra específicamente en la “violencia política”, sin complejizar ni debatir en otras variables como género, sexualidad, etnicidad y/o raza, sino hasta la década del 2000s. Estas historias trans y travestis son importantes para entender la Historia Reciente de Chile desde otras perspectivas que contribuyen tanto a la historiografía como a los mismos estudios de memoria del terrorismo del estado.
La ausencia de políticas reparativas para mujeres trans y travestis, complica más la situación actual de ellas: las consecuencias físicas y psicológicas de los episodios violentos de la dictadura dificultan su inserción de la sociedad chilena actual. En ese sentido, la reparación para las personas LGBTQI asume diversas aristas: no sólo el reconocimiento del terrorismo de estado anti-trans, sino que la violencia histórica que han sufrido en Chile. Nuestras entrevistadas demandan diversas formas de reparación, pero para poder producir estas políticas reparativas, se hace necesario entender la complejidad de la violencia anti-trans que no sólo implica el reconocimiento de la homo-lesbo-transfobia y heteronormatividad hegemónica, sino que también comprender que estas violencias están ligadas al racismo, sexismo, discriminación económica y prejuicios que surgen debido a las formas idealizadas de la corporalidad (Cornejo 2014: 274). Son políticas que, idealmente, significan un debate mucho más amplio dentro del ámbito de los derechos humanos y las políticas de memoria.
Hillary Hiner, historiadora feminista y doctora en Historia de la Universidad de Chile. Es Profesora Asistente en la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales. Como investigadora y docente, trabaja principalmente las temáticas de género, feminismo, violencia, historia oral y memoria en el contexto de la Historia Reciente de Chile y Latinoamérica.
Juan Carlos Garrido es doctorante del programa de estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile (Santiago, Chile). Magíster en historia de América Latina y licenciado en historia por la Universidad Diego Portales, Chile. Sus líneas de investigación se centran en estudios de memoria, teoría queer y construcción de estados nacionales en Chile y Perú.
Agradecimientos
La investigación que contribuyó a este artículo se realizó entre 2013 y 2017 y fue financiada por el proyecto Fondecyt de Inicio 11130088, “Una historia inconclusa: Violencia de género y políticas públicas en Chile, 1990–2010” (Hillary Hiner, investigadora).
Notas
1. Estamos muy conscientes de que existen muchas otras formas de nombrar a las personas trans, lo cual también surgió en el contexto de nuestras entrevistas. Está el caso de mujeres trans de mayor edad, que se identificaron o nombraron como “transexuales,” “travestis,” “travas”, “locas” o “trans femeninas”, pasando por nuevos términos más recientes como marica/marika, “queer/kuir/cuir”, “trans” o, incluso, fuera del binario o género fluido. En el interés de simplificar las denominaciones, ocupamos “mujeres trans y travestis” para usar los términos más ocupados en la bibliografía académica latinoamericana sobre este tema, como también el vocabulario ocupado por muchas activistas trans y travestis. A la misma vez, también nos pareció importante incluir el término “travesti” por la gran reivindicación política que surgió en Argentina, por medio del grupo Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT), y también por algunas críticas realizadas el término “trans”, levantadas por activistas travestis que lo consideraron un término más “higienizado” o que se refiere a personas de clase social más alta. En ese sentido, el término “travesti” se asocia a contextos complejos que muchas veces experimentaron los cuerpos trans, como el comercio sexual y contextos de pobreza.
2. Una breve mención de cómo llegamos a ocupar este término. Desde el principio ha sido importante para ambxs autorxs dar cuenta de las violencias específicas vividas por personas LGBTQI durante la dictadura como un tipo de terrorismo de estado (esto se ve, por ejemplo, en (Hiner 2016, 2018; Garrido 2017). A la misma vez, también exploramos las violencias que ocurrieron en la post-dictadura, ocupando el término acuñado por Doug Meyer (2008), de violencia anti-queer, para enfatizar su naturaleza interseccional y la multiplicidad de identidades LGBTQI (Hiner y Juan Carlos Garrido 2017). Al momento de mandar este texto, seguimos esta línea, planteando el terrorismo de estado anti-queer, como un término que podía abarcar más subjetividades LGBTQI que vivieron el terrorismo de estado. No obstante, la revista prefería el término más específico de terrorismo de estado anti-trans, y es verdad que en este texto sólo estamos hablando de mujeres trans y travestis; por tanto, también es muy relevante esta acotación. Le agradecemos al editor Cole Rizki por la sugerencia directa de este concepto.
3. Nota de lxs autorxs: esto fue pedido por la edición de la revista y respetamos su posición, aun sabiendo que cualquier trabajo sobre tortura o violencia igual implica un cierto nivel de descripción de lo que ocurrió, importante, en particular, en casos adonde esas narrativas han sido sistemáticamente suprimidas o borradas, y adonde el Estado no las ha reconocido de ninguna forma (como en el caso del terrorismo de estado anti-trans).
4. Según la investigación realizada por Contardo (2012: 186-285), durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo se sancionó la Ley de Estados Antisociales en 1954, cuyo objetivo fue crear categorías de individuos que debían ser vigilados y encerrados, debido a que eran potencialmente “tóxicos” para la nación. En esta categoría se consideraba a vagos, ebrios, toxicómanos y homosexuales. Mientras que, durante la Unidad Popular, se imitó el formato periodístico de la Revolución Cubana, publicando diversas noticias que relacionaban la homosexuales con crímenes amorosos y perversiones con menores de edad.
5. Este prostíbulo travesti es bastante conocido y famoso en ciertos círculos más artísticos, ya que la celebrada fotógrafa Paz Errázuriz sacó fotos de mujeres travestis ahí durante los años 1980s. Para más sobre esto ver Donoso y Errázuriz 1990, adonde también se incluyeron crónicas y testimonios de las fotografiadas. La frase “La Jaula de las Locas” se refiere a la obra francesa La Cage aux Folles (esta es la raducción al español del nombre de la obra en Chile). Una película estadounidense basada en la obra fue traducido como The Bird Cage (dir. Mike Nichols, 1996). Por supuesto, también hay un juego de palabras en la versión en español de Chile, ya que loca se usa para referirse a hombres gay afeminados en Chile, a veces difuminando en mujeres travestis, como se ve en gran parte en la conocida obra del autor chileno Pedro Lemebel. Para obtener más información sobre este tema, consulte González 2014.
6. También puede ser relevante mencionar que, en estricto rigor, mientras abierta bajo el primero gobierno de Bachelet (2006-2010), la Comisión Valech II funcionó, casi por completo, durante un gobierno de centro-derecha, el de Piñera I (2010-2014). Valech II rechazó más de 20.000 peticiones de personas que buscaban ser reconocidas como víctimas de prisión política y tortura, y, hasta el día de hoy, no habido explicación alguna en la mayoría de los casos.
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